Parapolítica (o Para-política) es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.
Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al Presidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional esta estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo
Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al Presidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional esta estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo
El escándalo
1. El computador de 'Jorge 40'
La incautación de un computador portátil decomisado a alias 'Don Antonio' uno de los hombres de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque norte de las autodefensas, más conocido con el alias de Jorge 40, desató diversas indagaciones judiciales luego de que los investigadores lo descifraran y encontraran una serie de documentos que revelaban múltiples crímenes contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país, hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar. Muchos de los crímenes detallados en aquel computador se realizaron cuando se adelantaba el proceso de paz entre estos grupos y el gobierno, después de que dicha organización anunciase un cese al fuego.
Las revelaciones del computador llevaron al procurador Edgardo Maya Villazón a afirmar que este escándalo sería igual o peor al escándalo del proceso 8.000. Dichas revelaciones también salpicaron inicialmente a cuatro senadores de la república pertenecientes a la coalición uribista (Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero) por lo que la información pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de investigar estos y otros casos que más tarde se revelarían
La incautación de un computador portátil decomisado a alias 'Don Antonio' uno de los hombres de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque norte de las autodefensas, más conocido con el alias de Jorge 40, desató diversas indagaciones judiciales luego de que los investigadores lo descifraran y encontraran una serie de documentos que revelaban múltiples crímenes contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país, hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar. Muchos de los crímenes detallados en aquel computador se realizaron cuando se adelantaba el proceso de paz entre estos grupos y el gobierno, después de que dicha organización anunciase un cese al fuego.
Las revelaciones del computador llevaron al procurador Edgardo Maya Villazón a afirmar que este escándalo sería igual o peor al escándalo del proceso 8.000. Dichas revelaciones también salpicaron inicialmente a cuatro senadores de la república pertenecientes a la coalición uribista (Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero) por lo que la información pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de investigar estos y otros casos que más tarde se revelarían
2. Debates políticos
Dichos hechos agitaron el debate político en el Congreso de la República donde el senador Gustavo Petro, como vocero del partido de oposición al gobierno Polo Democrático Alternativo, citó a un debate donde reiteró las denuncias que ya venía haciendo y reveló documentos que comprometían a varios políticos con grupos paramilitares y reclamó, según dijo, por la permisividad del gobierno frente a los hechos, denunciando en el Congreso a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, quien había sido nombrado como embajador de Colombia ante Chile, por ordenar el asesinato de Eudaldo Tito Díaz, alcalde de El Roble en el departamento de Sucre, después de que éste en un consejo comunitario había advertido al presidente Uribe que lo querían matar e incluso señaló los nombres de quienes serían sus asesinos; así mismo Petro denunció la supuesta permisividad del ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio a quien venía denunciando desde el años 2002 y quien durante su gestión firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana por conformación de grupos paramilitares. Durante el mismo debate Petro señaló al senador Álvaro García Romero, conocido como El gordo García, presentando una grabación y otros documentos que lo comprometían con supuesta conformación de grupos paramilitares en Sucre y su presunta participación en la "Masacre de Macayepo" donde fueron asesinadas 15 personas. García quien después de haber ocupado por más de veinte años una curul en el parlamento, y tras el acalorado debate en el congreso donde a voz en cuello negó las acusaciones, se entregó a la justicia el 16 de noviembre de 2006 tras varios días de fuga.
Alrededor de un año y algunos meses antes de desatarse el escándalo, Petro había denunciado los presuntos nexos con los paramilitares de la ex representante a la cámara Muriel Benito Rebollo a quien acusó entre otras cosas de tener nexos con alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'; la entonces representante negó las acusaciones y señaló a Petro de querer ganar protagonismo con calumnias, sin embargo la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40' como candidata de 'Diego Vecino' para el congreso en las elecciones de 2006 provocó que se abriera la investigación que terminaría en la posterior captura de Benito Rebollo quien finalmente reconoció sus vínculos con Diego Vecino y fue condenada a 6 años de prisión.
Dichos hechos fueron el comienzo del escándalo donde terminaron detenidos tres congresistas que están siendo investigados. Sin embargo, como se advertía por los denunciantes, este escándalo sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que revelaría nuevos vínculos de los políticos con grupos ilegales de autodefensas.
Alrededor de un año y algunos meses antes de desatarse el escándalo, Petro había denunciado los presuntos nexos con los paramilitares de la ex representante a la cámara Muriel Benito Rebollo a quien acusó entre otras cosas de tener nexos con alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'; la entonces representante negó las acusaciones y señaló a Petro de querer ganar protagonismo con calumnias, sin embargo la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40' como candidata de 'Diego Vecino' para el congreso en las elecciones de 2006 provocó que se abriera la investigación que terminaría en la posterior captura de Benito Rebollo quien finalmente reconoció sus vínculos con Diego Vecino y fue condenada a 6 años de prisión.
Dichos hechos fueron el comienzo del escándalo donde terminaron detenidos tres congresistas que están siendo investigados. Sin embargo, como se advertía por los denunciantes, este escándalo sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que revelaría nuevos vínculos de los políticos con grupos ilegales de autodefensas.
3. Pacto de realito.
El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro de este escándalo, es un documento que involucra a varios parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria". Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó.
El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006 por órdenes de Salvatore Mancuso; el texto del documento solo fue conocido en enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno.
De acuerdo a investigaciones publicadas por el Diario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Según el informe, dicha estrategia se denominó "El Plan Birmania", haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado "Triángulo de oro" entre Laos, Myanmar y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil díjo: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes.
El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006 por órdenes de Salvatore Mancuso; el texto del documento solo fue conocido en enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno.
De acuerdo a investigaciones publicadas por el Diario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Según el informe, dicha estrategia se denominó "El Plan Birmania", haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado "Triángulo de oro" entre Laos, Myanmar y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil díjo: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes.
4. escandalos del DAS
El escándalo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), (que es la principal agencia de inteligencia en Colombia y cumple funciones de policía secreta), se generó luego de que el ex jefe de informática de dicho organismo Rafael García fuera detenido por haberse comprobado que había utilizado su cargo para favorecer a grupos paramilitares y a narcotraficantes con pedido de extradición; fue entonces cuando García decidió colaborar con la justicia y realizó varias denuncias convirtiéndose en testigo clave dentro del proceso de la parapolítica, razón por la cual sería apodado por los medios de comunicación como El Ventilador. García denunció, entre otras cosas, que el ex jefe de este organismo y entonces cónsul en Milán, Jorge Noguera Cotes, habría utilizado su posición para poner el organismo de seguridad al servicio del grupo paramilitar liderado por alias Jorge 40, García también aseguro que Noguera habría facilitado la participación de este grupo en el asesinato selectivo de sindicalistas del país. Al revelarse este escándalo Noguera Cotes, quien fue vigorosamente defendido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que renunciar a su cargo en Milán y regresó a Colombia para rendir indagatoria frente a la Fiscalía General de la Nación. El 22 de febrero de 2007 fue privado de la libertad sindicado de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Al conocerse la noticia el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró que de encontrarse culpable a Noguera el debería pedir excusas al país por haberlo nombrado. Noguera fue uno de los directivos de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002 y fue designado como director del DAS siete días después de la posesión de este último permaneciendo por casi 4 años en el cargo para después ser nombrado como cónsul en Milán durante el segundo mandato del reelecto presidente.
El 23 de marzo de 2007 fue puesto en libertad gracias a que su abogado logró demostrar, según el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el recurso conocido como Habeas Corpus, que la detención no se produjo conforme a la ley por lo que a su cliente se le había violado el debido proceso. La investigación pasó a manos del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán quien no ocultó su descontento ante la decisión y declaró que empezaría a mirar las acciones que su despacho debía adelantar frente a esta decisión. Noguera fue recapturado el 6 de julio de 2007, tres meses después de haber sido puesto en libertad. En noviembre de 2007 la Procuraduría lo destituyó y suspendió por 18 años,según este organismo Noguera fue hallado responsable de haber colaborado con las AUC, de incrementar su patrimonio ilegalmente y de haber adulterado información para favorecer a grupos narcotraficantes. Mientras tanto la Fiscalía continuaba con el proceso penal en su contra.
El proceso siguió en curso hasta el 11 de junio de 2008 cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso seguido por la Fiscalía debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación cuando, según la corte, dicha función era exclusiva de él por haber sido Noguera director del DAS y por lo tanto contar con fuero constitucional. Noguera quedó en libertad a espera de que se iniciara de nuevo un juicio en su contra mientas que la Corte compulsó copias para que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigue al Fiscal por irregularidades en el proceso seguido a Noguera.
Al conocerse la noticia el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró que de encontrarse culpable a Noguera el debería pedir excusas al país por haberlo nombrado. Noguera fue uno de los directivos de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002 y fue designado como director del DAS siete días después de la posesión de este último permaneciendo por casi 4 años en el cargo para después ser nombrado como cónsul en Milán durante el segundo mandato del reelecto presidente.
El 23 de marzo de 2007 fue puesto en libertad gracias a que su abogado logró demostrar, según el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el recurso conocido como Habeas Corpus, que la detención no se produjo conforme a la ley por lo que a su cliente se le había violado el debido proceso. La investigación pasó a manos del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán quien no ocultó su descontento ante la decisión y declaró que empezaría a mirar las acciones que su despacho debía adelantar frente a esta decisión. Noguera fue recapturado el 6 de julio de 2007, tres meses después de haber sido puesto en libertad. En noviembre de 2007 la Procuraduría lo destituyó y suspendió por 18 años,según este organismo Noguera fue hallado responsable de haber colaborado con las AUC, de incrementar su patrimonio ilegalmente y de haber adulterado información para favorecer a grupos narcotraficantes. Mientras tanto la Fiscalía continuaba con el proceso penal en su contra.
El proceso siguió en curso hasta el 11 de junio de 2008 cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso seguido por la Fiscalía debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación cuando, según la corte, dicha función era exclusiva de él por haber sido Noguera director del DAS y por lo tanto contar con fuero constitucional. Noguera quedó en libertad a espera de que se iniciara de nuevo un juicio en su contra mientas que la Corte compulsó copias para que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigue al Fiscal por irregularidades en el proceso seguido a Noguera.
5. Funcionarios del Estado.
Congresistas
Hasta julio de 2008 se vinculaban 68 congresistas dentro del escándalo, la gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno incluida la entonces presidenta del congreso Nancy Patricia Gutiérrez,[34] más de 30 de ellos privados de la libertad en la cárcel La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, incluidos 3 ex presidentes del congreso, mientras van siendo llamados a juicio, otros tantos han renunciado a sus escaños a medida que la investigación avanza. Por tales hechos varios sectores de la vida política han puesto en duda la legitimidad del Congreso.Inicialmente las investigaciones implicaron a políticos de la Costa Atlántica pero más tarde llegarían a involucrar a congresistas de Antioquia, Tolima, Norte de Santander hasta extenderse por buena parte de los 33 Departamentos de Colombia.
Las primeras detenciones a congresistas tuvieron lugar el 18 de octubre de 2006 cuando fueron llamados a indagatoria los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y el representante Erik Morris, tras ser escuchados se les dictó medida de aseguramiento. El 15 de febrero de 2007 se realizaría la segunda detención masiva de congresistas cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura contra los senadores Álvaro Araújo Castro líder de Alas Equipo Colombia, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof líder del Movimiento Colombia Viva y Luis Eduardo Vives así como el representante a la Cámara Alfonso Campo Escobar y se ordenó la captura del representante a la cámara Jorge Luis Caballero por quien se emitió una circular Roja de la INTERPOL para su captura en el exterior ya que había huido a Europa una vez fue vinculado al proceso, (finalmente se entregó el 15 de noviembre de 2007). Todos ellos bajo sospecha de haber recibido beneficios del paramilitarismo para ser elegidos como congresistas, el senador Araújo además enfrenta cargos de secuestro extorsivo por la posible participación en el plagio de su contendor Víctor Ochoa Daza en las elecciones de 2005, hecho por el cual podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Adicionalmente a esto también fueron privados de la libertad varios congresistas que habían firmado el Pacto de Ralito mientras empezaron a ser involucrados dirigentes de gran poder político como es el caso del Senador Luis Alberto Gil, líder del movimiento Convergencia Ciudadana quien presuntamente y junto con otros políticos del departamento de Santander mantenía alianzas con alias Ernesto Báez, Gil renunció a su escaño en el Senado por lo que su proceso pasó a la Fiscalía. También se involucró a Mario Uribe Escobar líder del partido Colombia Democrática y primo del presidente Álvaro Uribe, fue vinculado formalmente al proceso a raíz de las declaraciones del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta alias Pitirri, quien es uno de los testigos claves en el proceso y lo acusa de reunirse de manera clandestina con grupos paramilitares, Uribe Escobar había sido mencionado también por el ex jefe máximo de las AUC Salvatore Mancuso meses antes durante su declaración ante la justicia así como por la ex representante Eleonora Pineda; después de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2007, renunció a su cargo como senador con el fin de ser juzgado por la justicia ordinaria y no por el máximo tribunal de justicia. El 22 de abril de 2008 se le dictó orden de captura por orden de la Fiscalía.
En el año 2008 las órdenes de captura contra congresistas siguieron aumentando vertiginosamente y los dirigentes de renombre involucrados en investigaciones también, como lo fue el caso del senador Carlos García Orjuela presidente del Partido de la U quien sería capturado en julio y de la entonces presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez a quien se le abrió investigación preliminar. Así las cosas, se empezaron a evaluar alternativas para frenar la creciente deslegitimación del Congreso
Las primeras detenciones a congresistas tuvieron lugar el 18 de octubre de 2006 cuando fueron llamados a indagatoria los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y el representante Erik Morris, tras ser escuchados se les dictó medida de aseguramiento. El 15 de febrero de 2007 se realizaría la segunda detención masiva de congresistas cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura contra los senadores Álvaro Araújo Castro líder de Alas Equipo Colombia, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof líder del Movimiento Colombia Viva y Luis Eduardo Vives así como el representante a la Cámara Alfonso Campo Escobar y se ordenó la captura del representante a la cámara Jorge Luis Caballero por quien se emitió una circular Roja de la INTERPOL para su captura en el exterior ya que había huido a Europa una vez fue vinculado al proceso, (finalmente se entregó el 15 de noviembre de 2007). Todos ellos bajo sospecha de haber recibido beneficios del paramilitarismo para ser elegidos como congresistas, el senador Araújo además enfrenta cargos de secuestro extorsivo por la posible participación en el plagio de su contendor Víctor Ochoa Daza en las elecciones de 2005, hecho por el cual podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Adicionalmente a esto también fueron privados de la libertad varios congresistas que habían firmado el Pacto de Ralito mientras empezaron a ser involucrados dirigentes de gran poder político como es el caso del Senador Luis Alberto Gil, líder del movimiento Convergencia Ciudadana quien presuntamente y junto con otros políticos del departamento de Santander mantenía alianzas con alias Ernesto Báez, Gil renunció a su escaño en el Senado por lo que su proceso pasó a la Fiscalía. También se involucró a Mario Uribe Escobar líder del partido Colombia Democrática y primo del presidente Álvaro Uribe, fue vinculado formalmente al proceso a raíz de las declaraciones del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta alias Pitirri, quien es uno de los testigos claves en el proceso y lo acusa de reunirse de manera clandestina con grupos paramilitares, Uribe Escobar había sido mencionado también por el ex jefe máximo de las AUC Salvatore Mancuso meses antes durante su declaración ante la justicia así como por la ex representante Eleonora Pineda; después de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2007, renunció a su cargo como senador con el fin de ser juzgado por la justicia ordinaria y no por el máximo tribunal de justicia. El 22 de abril de 2008 se le dictó orden de captura por orden de la Fiscalía.
En el año 2008 las órdenes de captura contra congresistas siguieron aumentando vertiginosamente y los dirigentes de renombre involucrados en investigaciones también, como lo fue el caso del senador Carlos García Orjuela presidente del Partido de la U quien sería capturado en julio y de la entonces presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez a quien se le abrió investigación preliminar. Así las cosas, se empezaron a evaluar alternativas para frenar la creciente deslegitimación del Congreso
Alcaldes y Gobernadores
Durante el proceso se han investigado a varios mandatarios locales, entre ellos el gobernador del departamento de Magdalena Trino Luna quien fue detenido en marzo de 2007 y fue el primer condenado en este escándalo después de que aceptara sus vínculos con los cabecillas paramilitares alias Jorge 40 y Hernán Giraldo Serna; otro de los gobernadores detenidos fue Hernando Molina Araújo gobernador del departamento del Cesar después de que el Fiscal General de la Nación encontrara méritos suficientes para ordenar su captura; el gobierno lo suspendió de su cargo luego de que Molina se entregara voluntariamente al viajar a Bogotá; según la fiscalía las evidencias indican que Molina Araújo habría tenido relación de cercana amistad con alias 'Jorge 40' ex jefe del Bloque Norte de las AUC y que dicha relación era tan estrecha que incluso pertenecía al grupo bajo el alias de Comandante 35. Se tienen pruebas de que Molina se habría favorecido políticamente para alcanzar la gobernación del departamento en las elecciones de 2003 y de la presunta recepción de millonarias sumas de la organización criminal cuando el político ocupaba el Consulado de Guatemala, también se le acusa de participación en el secuestro de una mujer perteneciente al clán político de la familia Genecco Adicionalmente a estos casos se dictó orden de captura contra el ex gobernador del departamento de Sucre Salvador Arana, quien por meses permaneció prófugo de la justicia y era buscado por la INTERPOL, el 29 de mayo de 2008 fue capturado en Santa Marta. A Arana se le sindica de conformar grupos paramilitares en la región y de planear varios crímenes para lograr beneficios electorales.
De igual forma existen diversos casos de alcaldes de pequeñas localidades que son investigados por presuntas alianzas con grupos paramilitares, tal es el caso que ha sido comparado por la prensa con el del Pacto de Ralito, en el cual seis alcaldes del departamento de Casanare fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares, en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación" En el documento aparecen como firmantes 5 de los 6 implicados, debido a que, según la fiscalía, Leonel Roberto Torres Arias, alcalde de Aguazul no tuvo que firmar ya que era miembro activo de la organización paramilitar.
De igual forma existen diversos casos de alcaldes de pequeñas localidades que son investigados por presuntas alianzas con grupos paramilitares, tal es el caso que ha sido comparado por la prensa con el del Pacto de Ralito, en el cual seis alcaldes del departamento de Casanare fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares, en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación" En el documento aparecen como firmantes 5 de los 6 implicados, debido a que, según la fiscalía, Leonel Roberto Torres Arias, alcalde de Aguazul no tuvo que firmar ya que era miembro activo de la organización paramilitar.
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